Montería. La capital de Córdoba será la sede del encuentro entre víctimas de la violencia, desplazados, ex cocaleros y ex combatientes de las Farc con más de 30 entidades del gobierno, quienes además de ser testigo del compromiso del departamento con la implementación de la Paz con Legalidad, expondrán los productos con los que avanzan hacia el camino empresarial.
El Consejero Presidencial (e) para la Estabilización, Juan Carlos Vargas Morales, liderará este encuentro y será el responsable de moderar la jornada, acompañará al gobernador Orlando Benítez Mora, en la firma del Plan Integral para la Implementación, que cuenta con una hoja de ruta para atender las principales prioridades del territorio en materia de víctimas, reincorporación, desarrollo con enfoque territorial, PDET, sustitución de cultivos ilícitos, desarrollo rural, entre otros.
La decisión del gobernador representa que 17 departamentos y más de 600 municipios hoy están comprometidos con la continuidad de la implementación.
El evento contará con la participación del Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, quien presentará los principales avances, logros y retos para atender la estrategia del Gobierno Nacional denominada Zonas Futuro que busca reforzar las medidas de protección a la población, fortalecer el Estado Social de Derecho, priorizar y acelerar la prestación de servicios sociales y defender y proteger los recursos naturales.
Los grandes protagonistas de la jornada serán los productores que han sido víctimas y quienes hoy se presentan como empresarios del campo, los campesinos que cambiaron coca por cacao y sueñan con endulzar la vida de los colombianos, produciendo el que catalogan como uno de los mejores chocolates del mundo.
Es de anotar que, según datos suministrados por la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas, en el departamento de Córdoba se encuentran registradas 342.978 personas quienes representan el 18,5% de la población. Adicionalmente, hay 89 personas en proceso de reincorporación, todas ellas, ex integrantes de las Farc y 6.397 familias vinculadas al Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
