Una propuesta bastante polémica ha lanzado el alcalde de Malambo, Rumenigge Monsalve, ante los recientes hechos de criminalidad y violencia por cuenta de las extorsiones, enfrentamientos entre bandas y asesinatos en Barranquilla y el área metropolitana.
El mandatario, en el último puesto de mando unificado –liderado por el ministro del Interior, Alfonso Prada–, en la capital del Atlántico, conminó al Gobierno nacional a levantar la restricción del porte legal de armas para permitir la legítima defensa de comerciantes y empresarios.
“Estamos colocando muchas talanqueras y permitiendo que acaben con nuestros comerciantes y nuestros habitantes. Hoy, a los únicos que hay que desarmar son a las personas que están quitándole la vida a nuestra gente y cometiendo extorsiones. No podemos desarmar a las personas de bien, desarmemos a los delincuentes”, expresó Monsalve en su discurso.
Por otra parte, convocó a una mesa de trabajo para conseguir respaldo de las diferentes agremiaciones a esta iniciativa que – en su opinión– busca combatir la delincuencia en estos territorios del Atlántico.
“El porte legal de armas no es una amenaza para los comerciantes ni para la gente de bien, solo es una defensa”, reiteró el burgomaestre, quien agregó que la medida aplicaría para las personas que se registren, paguen impuestos y cumplan con los requisitos de ley para obtener el permiso del porte de armas.
Esta propuesta ha conseguido el apoyo de algunos y el rechazo de muchos otros que consideran que el porte de armas “no solucionará en nada” la situación de inseguridad que se vive en estos municipios metropolitanos.
Apoyo de gremios
Dina Luz Pardo, directora de Asocentro, manifestó que como gremio de comerciantes respaldan la iniciativa del porte de armas para la defensa; sin embargo, dejó en claro que no debe aplicar para toda la ciudadanía y que es importante la revisión de antecedentes.
“Nosotros consideramos como gremio que sí es necesario de manera coyuntural poder levantar las restricción que hay actualmente para el porte de armas, tenemos derecho a la legítima defensa. No es posible que una persona que esté en su casa o se esté desplazando en su vehículo no tenga forma de defenderse cuando se presenta un delincuente a atracarlo”, dijo.
Señaló que mientras no se atiendan los problemas que actualmente presenta el sistema judicial, con jueces y fiscales, así como las falencias en el interior del Inpec y los pocos cupos carcelarios, no se resolverá la situación de seguridad por más golpes contundentes, capturas y traslados que haya.
Rechazo de concejales
El concejal de Barranquilla Richard Fernández, del Partido Liberal, se mostró en desacuerdo con la propuesta hecha por el alcalde Rumenigge Monsalve. Calificó la iniciativa como un acto “irresponsable” teniendo en cuenta el panorama actual de la ciudad y municipios con el enfrentamiento de pandillas y asesinatos, que ocasionan caos y desestabilización en la población barranquillera.
“Esto puede generar más violencia y desenlaces terribles como riñas y asesinatos. No estamos en un momento de tolerancia para permitir armar a la gente. Hay que creer en las instituciones, las cuales están obligadas a defender los derechos, la seguridad y tranquilidad de todos los ciudadanos”, apuntó.
Entre tanto, el cabildante Óscar David Galán, también liberal, manifestó que esa es una propuesta “populista” y que en nada soluciona la problemática existente.
“Ese tema necesita de estudio científico y de planes a corto y mediano plazo. Esas propuestas las hacen para distraer la atención de los temas centrales que tienen que ver con la materia”, dijo Galán Escalante.
Por su parte, los concejales Juan Ospino (La U) y Samir Radi (Cambio Radical) coincidieron en que el monopolio de las armas debe tenerlo siempre el Estado colombiano.
Si bien Ospino indicó que estaría de acuerdo en que particulares obtengan el permiso del porte de armas bajo el cumplimiento de los cánones legales establecidos, como ocurre normalmente, dijo que armar a la población civil no solucionará la problemática de seguridad.
“En la solución a toda la problemática de seguridad hay que omitir que la población civil se arme, la vía es fortalecer nuestra Fuerza Pública, de Policía e inteligencia y que den los resultados que la Constitución y la ley le ordenan como la seguridad y la sana convivencia”, señaló.
Radi, por su parte, sostuvo que la medida es una propuesta desesperada que no va a solucionar ni a reducir la delincuencia y muy por el contrario –precisó– lo que generará “son unas guerras campales y unas guerras civiles que van a terminar generando muchísima más violencia”.
“Incluso, al legalizar las armas se está generando otro fenómeno negativo, que es que bajo la excusa de la legítima defensa y bajo la legalidad del porte de armas se van a empezar a tener más retaliaciones y van a pasar bajo la justicia como legales”, puntualizó el concejal.
(El Heraldo)
