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A qué podría enfrentarse Irene Vélez por presunta presión a funcionario de Migración

A qué podría enfrentarse Irene Vélez por presunta presión a funcionario de Migración

A qué podría enfrentarse Irene Vélez por presunta presión a funcionario de Migración

La salida del país de su hijo menor de edad, presuntamente sin tener los papeles necesarios, ha sido el más reciente lío de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres.

El hecho ocurrió en enero y al parecer, ante la falta de los permisos necesarios, la Ministra habría usado irregularmente su cargo para influir ante un agente de Migración Colombia, a quien habría llamado para que le permitiera a su hijo salir.

Por ese episodio, la Procuraduría General ya le abrió una indagación preliminar para determinar si incurrió en alguna falta disciplinaria, y si es hallada responsable, podría ser sancionada con una suspensión por algún tiempo, o incluso con una destitución o una inhabilidad.

Pero además, este hecho podría eventualmente tener un capítulo penal.

A qué podría enfrentarse Irene Vélez por presunta presión a funcionario de Migración

De acuerdo con el abogado penalista Camilo Burbano hay dos posibles escenarios.

En el primero, si el funcionario de Migración profirió una resolución o un acto administrativo otorgando la salida del niño, sin tener los permisos necesarios, “podría, eventualmente, haber incurrido en prevaricato, una conducta que implica que un servidor público profiera una resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. Si ese es el caso, respondería tanto quien profirió la resolución en calidad de autor, como quien lo motivó a hacerlo, en calidad de determinador”, comentó.

La segunda posibilidad, si no se produjo una resolución manifiestamente contraria a la ley, es el delito de tráfico de influencias de servidor público, “el cual implica que servidor público utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de un servidor público en un asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer”.

En cuanto a las sanciones, Burbano explicó que el delito de tráfico de influencias de servidor público tiene una pena de prisión de 74 a 144 meses de prisión, mientras que el de prevaricato tiene una pena que puede ir entre los 48 y los 144 meses de cárcel.

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