Con el arresto de 22 militares y dos civiles se puso fin a una red de corrupción al interior del Ejército Nacional, que presuntamente certificaban el ingreso y presencia de personas que no hacían parte de las fuerzas militares.
Entre los involucrados está un teniente coronel, dos mayores, un subteniente, varios sargentos y cabos adscritos a una unidad ubicada en el departamento del Guaviare, y una psicóloga y un odontólogo, informó este sábado la Fiscalía, que cifró la defraudación en unos 320 millones de pesos.
Y agregaron que, además, “cuentan con información que advierte que los procesados habrían presentado denuncias ante la Justicia Penal Militar por supuestas deserciones de los soldados inexistentes, lo cual habría motivado capturas de personas inocentes que terminaron siendo procesadas por dicho delito”.
Es decir, la Fiscalía General de la Nación cree que los procesados falsificaron exámenes médicos de incorporación, procesos administrativos, asignaciones de material de guerra, alimentación, pagos de nómina, entrega de kits de aseo, y pagos de bonificaciones en efectivo para soldados que supuestamente se encontraban en zonas de combate.
¿Cómo lo hacían? Según la investigación, los implicados cargaban información falsa en bases de datos del Ejército para darle una apariencia de legalidad e incluso usaron huellas digitales, sin autorización, en documentos oficiales para avalar pruebas psicotécnicas de incorporación.
“Las 24 personas que hicieron parte de la red, fueron capturadas en Caucasia, Bello y Medellín (Antioquia), Chiquinquirá (Boyacá), Tierra Alta y Montería (Córdoba), Cajicá y Tolemaida (Cundinamarca), La Plata (Huila), Villavicencio (Meta), Sandoná (Nariño), Armenia (Quindío), Cimitarra y Bucaramanga (Santander) y en Bogotá”, explicaron en un comunicado de prensa.
A ellos, la Fiscalía imputó cargos como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, fraude procesal, constreñimiento para delinquir agravado, abuso de funciones públicas, falsedad ideológica y material en documento público; y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.
Sin embargo, ninguno de ellos aceptó los cargos.
