En las últimas horas, un paro armado del Eln en Chocó, pese a que está vigente un cese del fuego con esta guerrilla, generó repudio de todos los sectores.
La Procuraduría General de la Nación rechazó el anuncio de este paro, que se anunció para el municipio Medio San Juan y le pidió al Gobierno una intervención urgente para proteger a esas comunidades.
Según el órgano de control, este paro hizo que más de 25.000 familias confinadas y sin posibilidades de acceso a alimentación, salud y educación.
Por este motivo, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento pidió al Ejecutivo proteger la vida y los derechos de estas personas y revisar las implicaciones de estos paros y acciones armadas en medio de las negociaciones que se adelantan con esos grupos al margen de la ley.
“La población civil no puede seguir siendo la víctima de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que han manifestado su presunta voluntad de paz. Ni como Estado, ni como sociedad, podemos admitir ni permitir la ocurrencia de estos hechos”, dijo Sarmiento.
También se pronunció la Defensoría, que recordó que desde el pasado 14 de agosto hubo enfrentamientos entre el Eln y el ‘clan del Golfo’, que se disputan el control territorial y social de Medio San Juan.
“Ante esta situación, el Eln decretó un paro durante 24 horas (el sexto en lo que va corrido del 2023), por lo que entre el 16 y este 17 del mismo mes hubo restricción de la movilidad en el río San Juan. Esto originó que las comunidades no pudieran ingresar a sus parcelas, la afectación en la atención médica y la imposibilidad del tránsito de alimentos y de los habitantes”, indicó el organismo de derechos humanos mediante un comunicado.
Por ello, la Defensoría pidió al Gobierno Nacional, en particular al Comisionado de Paz, hacer inmediata presencia en el lugar para que las comunidades sean atendidas.
La Defensoría añadió que un equipo de la entidad continúa en terreno haciéndole seguimiento a la situación, y en medio de su visita, también pidió que sea atendido un brote de malaria, el cual está afectando a las comunidades de Sipí.
Finalmente, la entidad le recordó que los grupos armados ilegales que deben respetar la vida e integridad de la población civil y por ninguna razón restringir la movilidad de las comunidades.