Benedetti llegó a indagatoria en la Corte Suprema
El exembajador en Venezuela y exsenador Armando Benedetti llegó a la Corte Suprema de Justicia a una diligencia de indagatoria a la que fue citado por la Sala de Instrucción, en un proceso formal que se abrió en su contra por la presunta comisión del delito de concusión.
“Vengo a responder las emboscadas judiciales que me hacen porque en su momento, dos o tres personas, se inventaron testigos y eso es lo que voy a demostrar”, dijo.
Benedetti es investigado por una supuesta exigencia de dineros, en 2010, para que la Fiduprevisora les desembolsara el pago de derechos pensionales a docentes de Córdoba, específicamente de los municipios de Santa Cruz de Lorica y Planeta Rica.
El alto tribunal investiga si Benedetti supuestamente pidió dineros a abogados y beneficiarios de decisiones judiciales sobre estas prestaciones, para que la Fiduprevisora pagara esas pensiones vitalicias y liquidaciones.
A su llegada a la Corte, Benedetti dijo que esto es el resultado de una “emboscada judicial” y que los testigos que lo involucran ya se habrían retractado.
Este nuevo proceso por concusión se suma a otros que ya tiene andando en la Corte el exsenador y exembajador en Venezuela.
Entre esos está la indagación por financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, que se abrió por audios en los que el mismo exembajador, hablando con Laura Sarabia, exjefe del Gabinete de la Presidencia de la República, del ingreso de 15.000 millones de pesos de forma irregular a la campaña presidencial de Gustavo Petro.
También hay un proceso por delitos contra mecanismos de participación democrática, en el cual se indaga sobre posibles actividades ilícitas, tales como la financiación de campañas políticas con recursos públicos, clonación de cédulas y financiación de grupos paramilitares.
Así mismo, hay un caso por enriquecimiento ilícito de servidor público y también otro proceso por interés indebido en la celebración de contratos, por hechos asociados a la presunta desviación de recursos e irregularidades en la contratación en el Fondo financiero de proyectos de Desarrollo (Fonade).
