Por: Elvis Guerra.
Colombia el país de los dobles discursos, solidaridad selectiva, democracia desajustada y defensa de la institucionalidad de acuerdo a como convenga.
En este último punto, es que hay que detenerse y no sólo ser objetivos, sino pensar en la institucionalidad y cómo ayuda esto al desarrollo y la armonía entre quienes administran el “estado” y quienes “lo vigilan”.
La institucionalidad se define como “aquellas reglas formales como leyes, decretos y reglamentos y, las reglas informales que incluyen procedimientos y normas de conducta ya sean morales y/o éticas, y que tienen como objetivo coadyudar en lo referente a la administración de la cosa pública y la apertura a la participación de otros sujetos en el desarrollo de actividades en forma orgánica para el desarrollo de un país”
Colombia tiene entidades de todo tipo que ejercen el control que demanda la constitución y la sociedad para que la relación estado y quienes ejercen asuntos de estado, garantice el normal desarrollo de cada sector, es por eso que, no se entiende el anuncio de la intervención a la EPS SANITAS, donde se acude a la narrativa de acabar con un sistema, generando además la zozobra en la población que ya ha sido ultrajada por dicho sistema, desde su creación hasta hoy, ineficaz e ineficiente y por que no decirlo, lo que menos tiene es humanidad.
La Constitución Política de 1991, en su Artículo 49, Reza:
La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.
Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.
Hoy por hoy, el 90% de la salud esta en manos de los particulares (operadores), práctica bastante usada en este país.
La perversidad con la que se ha manejado lo que para otros países es un derecho, para los colombianos termina convertido en un servicio.
Hoy, la realidad a lo largo y ancho de toda la patria, para ponerlo en los términos de quien a bien tuvo, presentar un proyecto maquiavélico que lleva por nombre “ ley 100” y que, para efectos de la salud, convierte al ser humano en un sujeto activo y susceptible de generar ingresos a la EPS que lo atienda y no en un sujeto con el derecho a la salud, que le garantizará la vida como lo establece la constitución en su artículo 11.
La medida de intervención de la EPS SANITAS, se da por “el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia”
Dentro de las razones más importantes, se encuentran deudas por $2 billones a los sistemas públicos.
Todos y cada uno de los colombianos deberíamos estar llamados a la defensa de lo público, sobre todo si es dinero público.
No se entiende entonces, cómo convertir en una novela, con un guion de construir sobre lo construido, que se normalice el hecho de que el sistema tiene fallas pero que debemos seguir girando los recursos directamente, sin auditoria, mientras existen medicamentos que no están incluidos y la gente se muere esperando una cita o peor aun, se utiliza la vía de la justicia para acceder a un “derecho”.
Nadie ha podido demostrar con estados financieros y cifras exactas, la efectividad de las EPS.
En el pasado nos han convencido de que en este país hay cosas “normales”. Chirajara se cayó. pérdidas millonarias; el dinero abudineado sin que nadie haya hecho nada, etc etc.
No será en 4 años que vamos a solucionar los problemas estructurales y de políticas públicas que cargamos hace mas de 10 decadas, pero al menos se pueden dejar cimientos para que se haga defensa de lo público.
Es una vergüenza que se admita que, las intervenciones no tienen buenos antecedentes porque El Estado ha demostrado que es mal administrador, cuando en realidad el problema ha sido la incapacidad de vigilar y la toma de decisiones frente a lo que se debe defender: la población.
