Por Nena Botero
A medida que Venezuela se acerca a sus elecciones presidenciales el 28 de julio de 2024, el ambiente político está cargado de tensión e incertidumbre. El presidente en funciones, Nicolás Maduro, busca un tercer mandato en medio de críticas significativas y preocupaciones generalizadas sobre la equidad del proceso electoral.
Nicolás Maduro, quien ha dirigido Venezuela desde 2013, continúa su intento por otro mandato, a pesar de que su administración ha estado marcada por una crisis económica, hiperinflación y una emigración masiva. Su mandato ha visto el deterioro de las instituciones democráticas, lo que ha llevado a la condena internacional y a sanciones de organismos como la Unión Europea y Estados Unidos.
El principal candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, representa a una coalición de partidos de oposición bajo la Plataforma Unitaria Democrática. González, un exdiplomático y académico, ha ganado una tracción significativa en las encuestas, que indican una preferencia por él sobre Maduro. Sin embargo, el camino de la oposición ha estado lleno de obstáculos, incluyendo la descalificación de candidatos clave como María Corina Machado por motivos dudosos
Una de las principales preocupaciones antes de las elecciones es la negativa del gobierno a permitir que observadores de la Unión Europea supervisen el proceso. Esta decisión se anunció después de que la UE levantara temporalmente sanciones a ciertos funcionarios venezolanos en un intento por promover un entorno electoral justo. La exclusión de estos observadores solo ha aumentado los temores de fraude y manipulación electoral.
A pesar de estos desafíos, otros organismos internacionales, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Centro Carter, han sido invitados a observar las elecciones.
Sin embargo, el escepticismo sigue siendo alto, dado el historial del gobierno y el control significativo que ejerce sobre el proceso electoral.
La población venezolana está profundamente dividida, con muchos expresando frustración por la crisis económica en curso y las medidas autoritarias del gobierno. Más de siete millones de venezolanos han huido del país en los últimos años, buscando mejores condiciones de vida y escapando de la persecución política. Esta diáspora ha afectado significativamente el tejido social y económico del país.
A nivel internacional, las próximas elecciones son observadas de cerca. Países como Estados Unidos han vuelto a imponer sanciones a la industria petrolera de Venezuela, citando esfuerzos insuficientes por parte de la administración de Maduro para asegurar un proceso electoral transparente y democrático. Además, numerosos países y organizaciones internacionales han condenado la descalificación de candidatos de la oposición y el manejo general de las elecciones por parte de las autoridades venezolanas.
A medida que los venezolanos se preparan para votar, la comunidad internacional se mantiene esperanzada pero cautelosa. El resultado de esta elección podría abrir el camino para un resurgimiento democrático o profundizar aún más el control del régimen actual sobre el poder. Para el pueblo venezolano, estas elecciones representan no solo una elección política, sino un paso crucial hacia la recuperación de su democracia y su futuro.