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Emergencia en Córdoba: el Estado ante el desafío

Por: Jairo Aníbal Doria

El invierno no se ha ido. En Córdoba, el agua todavía marca el pulso de los días.

Barrios enteros siguen anegados, veredas incomunicadas y más de 140 mil personas intentan recomponer su rutina desde albergues improvisados en colegios, salones comunales o en las casas de familia, amigos o vecinos que abrieron sus puertas sin preguntar cuánto tiempo durará la estadía.

El embalse de Urrá, en medio del debate técnico y político, se convirtió en un punto sensible de la conversación pública. Y mientras el nivel del agua se estabiliza lentamente, la incertidumbre institucional crece.

En Montería, el presidente Gustavo Petro encabezó un Consejo de Ministros que se extendió 24 horas, con un mensaje claro: la magnitud de la emergencia exige recursos extraordinarios.

El Gobierno sostiene que la suspensión provisional del decreto que declaró la emergencia económica limita la capacidad de reacción del Estado justo cuando más se necesita flexibilidad fiscal y rapidez operativa.


Sesión del Consejo de Ministros. Aún se esperan decisiones concretas frente a la crisis

La Corte Constitucional tiene ahora en sus manos una decisión que trasciende el expediente jurídico.

Si levanta la medida cautelar, el Ejecutivo podrá activar herramientas excepcionales para atender la crisis. Si la mantiene, el Gobierno tendría que expedir un nuevo decreto, con el riesgo de abrir otra controversia constitucional.

Y si ninguna de esas rutas prospera, la respuesta seguirá dependiendo de los recursos ordinarios y de la capacidad institucional ya instalada, que hoy luce exigida al límite.

El presidente ha sido directo: quienes objetaron la emergencia económica ahora reclaman soluciones urgentes.

Desde las regiones, la presión también aumenta.

Pero, ¿Cuál es plan? ¿Qué hacemos?

El gobernador Erasmo Zuleta ha advertido que gran parte del territorio cordobés ha sentido el impacto del invierno y que la respuesta debe estar a la altura de esa realidad.


Alcalde presenta ante Consejo de Ministros, balance de daños y necesidades urgentes en Montería

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, ha pedido apoyo logístico concreto —transporte aéreo para zonas aisladas, alivios financieros y respaldo a la reactivación productiva— mientras la ciudad intenta sostener servicios básicos en medio de la contingencia.

En paralelo, los ministerios afinan cifras: reconstrucción de viviendas, recuperación de hectáreas afectadas, refinanciación de créditos agropecuarios y líneas especiales para pequeños y medianos productores.

El costo preliminar se mide en billones de pesos. Pero más allá de las cifras, lo que está en juego es el tiempo: cada día sin decisión es un día más en albergues, un día más sin retorno pleno a casa. Alargar la tragedia.

La emergencia es climática, pero también social y fiscal. Y en esa convergencia, la Corte Constitucional se convierte en el eje de una definición que marcará el alcance de la respuesta estatal.

No se trata solo de una discusión técnica y jurídica; se trata de determinar con qué herramientas contará el país para enfrentar una temporada invernal que aún no termina.

En todo caso, según lo anunciado, antes de que termine esta noche se conocerá la decisión de la Corte y, muy probablemente, la expedición de una nueva declaratoria de emergencia económica y social por parte del Gobierno Petro, a partir de la cual se definirá el plan de contingencia a seguir.

Mientras tanto, en los barrios y corregimientos donde el agua apenas comienza a ceder, la espera se prolonga.

Allí, lejos de los estrados y de las declaraciones oficiales, la urgencia no se interpreta ni se discute: se enfrenta cada día, entre el lodo, la incertidumbre y la necesidad de volver a empezar.

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