Gobierno pone fin a contrato de 36 años con Fiduprevisora: ¿qué pasará con la salud y las pensiones de los maestros?
Por: Jairo Aníbal Doria
El Gobierno nacional decidió no prorrogar el contrato mediante el cual Fiduprevisora ha administrado durante 36 años el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), una determinación que abre un periodo de transición y genera expectativas entre más de 800.000 afiliados, incluidos docentes activos, pensionados y sus familias.
La decisión, anunciada por la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, se hará efectiva tras el vencimiento del contrato este sábado 31 de octubre.
A partir del primero de noviembre comenzará una transición de un año, prorrogable por otro periodo igual, durante la cual Fiduprevisora continuará administrando el Fondo mientras se definen las nuevas condiciones de operación.
La medida responde a las dificultades financieras, administrativas y asistenciales que enfrenta el sistema.
Según las cifras divulgadas por el Gobierno, una revisión identificó 59 hallazgos técnicos, financieros y jurídicos, un patrimonio negativo de 3,2 billones de pesos y más de 109.000 quejas registradas desde 2024, relacionadas principalmente con barreras para acceder a citas médicas, medicamentos y tratamientos.
La Procuraduría también había advertido sobre la necesidad de gestionar 1,8 billones de pesos adicionales para financiar la atención en salud durante el resto de 2026.
Para los profesores activos y pensionados, la terminación del contrato no significa la desaparición del FOMAG ni la pérdida de los derechos adquiridos.
El Ministerio de Educación aseguró que deberán mantenerse la atención médica, las urgencias, los tratamientos, el suministro de medicamentos, el reconocimiento de pensiones, el pago de mesadas y las cesantías.
El desafío será garantizar que estos compromisos se cumplan efectivamente durante la reorganización.
En Córdoba, la situación adquiere especial relevancia. El propio Ministerio de Educación reveló el pasado 27 de octubre que más de 700 docentes del departamento presentan inconsistencias en sus registros de afiliación al FOMAG, situación que dificulta sus trámites pensionales.
La transición deberá atender estos casos y evitar que las dificultades administrativas prolonguen la espera de quienes buscan el reconocimiento de sus prestaciones.
Las implicaciones también alcanzan a las familias y a la comunidad educativa. Una atención médica interrumpida, una incapacidad sin resolver o las demoras en los procedimientos prestacionales pueden afectar la estabilidad económica de los hogares y, en determinadas circunstancias, la continuidad de las clases en las instituciones educativas.
El FOMAG anunció un plan de choque para estabilizar los servicios de salud, revisar las obligaciones con las instituciones prestadoras y fortalecer la atención a los afiliados.
La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá vigilancia sobre la continuidad de los servicios durante este proceso.
Por ahora, los docentes y pensionados deberán continuar utilizando los canales y procedimientos vigentes. Aunque el Gobierno ha garantizado la protección de sus derechos, todavía está pendiente definir el esquema definitivo de administración del Fondo.
En Córdoba, uno de los primeros resultados verificables de esta transición será la solución de las inconsistencias que mantienen represados los trámites pensionales de cientos de educadores.
