Cerro Matoso se pronuncia, asegura que ha cumplido con la Ley y no comparte concepto de la Contraloría, pero la respeta

Montelíbano. La Empresa Cerro Matoso se pronunció en relación al concepto emitido por la Contraloría General de la República (CGR) que hace referencia a un supuesto incumplimiento de las órdenes de la Sentencia T-733 de 2017 de la Corte Constitucional (en adelante la ‘Sentencia’) por parte de algunas entidades del Estado – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) – Cerro Matoso S.A. CMSA.

La compañía minera informó que ha operado durante cerca de cuatro décadas en el marco de la Ley colombiana, las normas ambientales vigentes y de acuerdo con los instrumentos de gestión ambiental que han sido aprobados por las diferentes autoridades competentes.

Agregó que adicionalmente, ha adaptado sus controles ambientales, en los casos que ha sido necesario, frente a modificaciones en la normatividad aplicable para su operación, así como en respuesta a nuevos estándares y mejores prácticas en la industria.

Toda esta gestión es reportada de forma oportuna y transparente ante las autoridades, con verificaciones en campo por parte de estas y procesos de veeduría ambiental comunitaria.

Lo anterior, está respaldado, entre otros, por el otorgamiento por parte de la ANLA de una nueva licencia ambiental para la operación de CMSA el pasado mes de febrero, en respuesta a la orden de la Corte Constitucional en la Sentencia y que está alineada con los acuerdos de consulta previa y procesos de socialización y participación que la Compañía llevó a cabo con 15 comunidades.

Esta licencia, que contempla la totalidad de la actividad minero-industrial de CMSA, incluyendo la operación del gasoducto Jobo – Tablón – Cerro Matoso, reitera, según la compañía, el compromiso con el desarrollo social, ambiental y económico que ha asumido y mantenido desde el inicio de su operación en la región del Alto San Jorge, el departamento de Córdoba y del país.

Asimismo, la nueva licencia demuestra la idoneidad y transparencia de la gestión ambiental de la Compañía, que había venido operando con un Plan de Manejo Ambiental autorizado y actualizado constantemente según la normatividad vigente.

CMSA explicó que “no comparte las conclusiones de la auditoría de la CGR, ya que no toma en consideración entre otros, la nueva licencia ambiental ni el Auto emitido en noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad competente para verificar el cumplimiento de las órdenes contenidas en la Sentencia”.

Dicho Tribunal concluyó que las órdenes han sido cumplidas en su totalidad y que, para aquellas de cumplimiento permanente en el tiempo, si bien también se han venido cumpliendo a cabalidad, se continuará haciendo verificación de estas.

Finalmente, frente al tema de la consulta previa, la compañía destaca que vale la pena resaltar que el Tribunal Administrativo, afirmó en dicho Auto la existencia de una articulación adecuada entre las distintas entidades del Estado durante dicho proceso.

“De la revisión de las mencionadas actas de protocolización se observa que el proceso de consulta previa contó con el establecimiento de una ruta metodológica y la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior presidió todas las etapas del proceso consultivo con cada uno de los representantes de las comunidades, a su vez contaron con la asistencia de personal delegado del Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Salud y Protección Social, El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad de Licencias Ambientales, La Agencia Nacional de Minería, La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), la Defensoría del Pueblo, La Procuraduría General de la Nación, entre otros intervinientes”.

Adicionalmente, el Tribunal confirmó en el mencionado Auto que, en el marco de las consultas previas, las partes vinculadas adoptaron mecanismos eficientes y efectivos para la implementación de seguimiento de los acuerdos y de los puntos concertados y que la ANLA se ha encargado de ejercer un adecuado control ambiental sobre las actividades extractivas de la Compañía.

“Por lo anterior y con base en las actas de reunión del proceso consultivo que demuestran la participación activa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se tiene que se está ejerciendo el control ambiental sobre las actividades extractivas por parte de Cerro Matoso SA, empero, como se trata de una orden de carácter permanente y continuo esta entidad deberá continuar presentando los correspondientes informes de cumplimiento, así como también deberá velar por la efectiva inclusión de todos los parámetros solicitados en la sentencia para el trámite de la solicitud de licencia ambiental de Cerro Matoso SA tal como lo ordena el ordinal quinto de la parte resolutiva de esta”.

Finalmente, CMSA sostuvo que es una compañía respetuosa de las determinaciones de las autoridades colombianas, que además promueve el diálogo y trabajo articulado con las comunidades y las entidades del Estado para el desarrollo económico, social y ambiental de la región del Alto San Jorge en el departamento de Córdoba.

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