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Más de 45 mil millones de pesos se han invertido en Córdoba a través del programa Pnis

Por Blanca Berrío Montiel

Redacción. Un total de 45 mil 852 millones de pesos ha invertido el gobierno del presidente Iván Duque Márquez en el departamento de Córdoba, a través del, Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, en los primeros dos años del actual gobierno.

Así lo anunció el consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, quien reveló que dichos recursos se invierten para apoyar a las familias de los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta.

El consejero expresó que con esta inversión en Córdoba se ha podido atender a 6 mil 343 de las familias vinculadas al programa, de las cuales 5 mil 224 son cultivadoras, 661 no cultivadoras y 458 son recolectores en estos cinco municipios.

Así mismo hay 104 familias recolectoras en proceso de ingreso, se han retirado 153 y se han suspendido otras 102.

Archila destacó que la sustitución es un componente clave dentro de la estrategia de Ruta Futuro que diseñó el gobierno del presidente Duque para la lucha integral contra el narcotráfico y las economías ilegales, que propician el delito y ponen en peligro la vida de las personas.

También reiteró que la Junta de Direccionamiento Estratégico, el Consejo Permanente de la Dirección, el Consejo Asesor Territorial, CAT y en cada municipio, los Consejos Municipales de Planeación Participativa, CMPP, han sido escenarios de participación muy efectivos en la implementación del programa en Córdoba.

Agregó que el gobierno impulsa en el país acciones complementarias de sustitución, como la estrategia Formalizar para Sustituir en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras, ANT y que busca brindar acceso y formalización de tierras en zonas con influencia de cultivos ilícitos.

El pago por servicios ambientales y la estrategia ‘Hecho a la Medida’, complementan las acciones en la sustitución de cultivos que adelanta el gobierno Nacional.

De esta manera, el proceso se impulsará con recursos del presupuesto nacional, las gobernaciones y alcaldías, comunidad internacional y el sector privado.

 


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