¿Quiénes están detrás del negocio energético en el Caribe?
Montería. El reemplazo de Electricaribe serán dos empresas: Caribe Mar y Caribe Sol. Detrás de la primera está Empresas Públicas de Medellín (EPM), que se convierte en el operador más grande de energía del país. En Caribe Sol, el mayor responsable es la compañía del reconocido empresario Alberto Ríos Velilla.
Los más de 2,5 millones de usuarios que tuvo Electricaribe por más de 22 años en la región Caribe están a la expectativa de lo que será la llegada de los nuevos operadores.
El primero de ellos es Caribe Mar, a cargo de Empresas Públicas de Medellín (EPM), y el segundo es Caribe Sol, bajo el mando de Energía de Pereira y Latin American Capital Corporation.
Desde el 1° de octubre, ambas tomarán las riendas del 23 % de la demanda energética de Colombia. Los responsables de resarcir el problemático servicio que prestó Electricaribe por dos décadas son viejos conocidos en el mundo de los servicios públicos que ahora tienen bajo sus riendas uno de los negocios más grandes de energía eléctrica del país.
Por un lado, el negocio que manejará Caribe Mar, EPM, es el más grande de la costa Caribe. Esta empresa prestará el servicio de energía a 1,51 millones de usuarios en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar.
La magnitud de este negocio convirtió a EPM en el dueño del 35 % de la participación en la prestación de energía y ahora es responsable de la distribución de este servicio a más de 19 millones de usuarios en todo el país.
Álvaro Guillermo Rendón, gerente de la empresa, aseguró al diario La República que, para lograr cumplir con el contrato y con la demanda de los ciudadanos, EPM va a invertir aproximadamente $10 billones durante los próximos ocho años.
La experiencia de EPM en estos asuntos energéticos podría ser un alivio para el malestar de millones de usuarios por los constantes cortes de energía y el mal estado de las conexiones. Sin embargo, la situación actual de la empresa no sería la mejor para enfrentar un negocio de tal magnitud.
No solamente enfrenta millonarias sanciones, procesos administrativos en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y varias investigaciones judiciales, tanto en la Fiscalía como en el Consejo de Estado, por el colapso del salón de máquinas de Hidroituango, sino que también enfrenta líos con la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios.
Fuente: Elespectador.com
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