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Procuraduría pidió a Minagricultura que la construcción de la Política Pública para la Población Campesina sea concertada y planeada con sus líderes y lideresas

Bogotá. La Procuraduría General de la Nación pidió al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que la construcción de la Política Pública para la Población Campesina sea haga de manera participativa, planeada, concertada, con presupuesto, articulación y diferenciación que garantice, de manera real y efectiva, la promoción, protección y reconocimiento de los derechos integrales de los campesinos de Colombia.En carta dirigida al viceministro de Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, el Ministerio Público presentó sus recomendaciones a la ‘Ruta de participación de organizaciones para la construcción de la Política Pública para la Población Campesina’, que hace parte de los compromisos asumidos por el Gobierno en la ‘Audiencia Pública Nacional por la Tierra, el Territorio y el Campesinado’ que realizó la PGN el pasado 31 de julio, e indicó que en la propuesta no se observa claridad sobre los recursos que sustentarían su construcción y materialización.

Luego de una reunión con líderes y lideresas de la población campesina, participantes activos de la audiencia, el ente de control pidió al ministerio precisiones para que la política pública cuente con un presupuesto claro, disponible, sustentable y razonable, que garantice la vigencia y el cumplimiento efectivo de los derechos y las obligaciones.

Advirtió que: “el campesino no debe seguir siendo un simple espectador, un mero convalidador, de una política que le atañe a él”, y enfatizó en la importancia de la planeación, que exige al menos una metodología clara y pública, en la que cada uno de los pasos o elementos para su formulación y construcción estén debidamente ordenados y concadenados dentro de unos plazos razonables.

Para el órgano de control “es necesario que aquellas comunidades para las cuales va dirigida la política pública participen en ella”, en aras de garantizar efectivamente el principio de democracia participativa.

“Los principales actores, constructores de esta Política Pública para la Población Campesina, deben ser las propias comunidades campesinas, directamente o a través de sus líderes o lideresas más representativos. Por tanto, el Gobierno debe, desde el inicio, garantizar efectivamente esa participación de quienes serán los beneficiarios o favorecidos con esta política pública”, resaltó.

Pidió una articulación integral entre la institucionalidad y los campesinos, tanto en el nivel nacional como territorial, desde su formulación, construcción e implementación, que además incluya a todos los sujetos y grupos rurales (agropecuarios, pesqueros, mineros, floricultores, artesanales, entre otros), y requirió al Gobierno para que tenga en cuenta a otros sectores como cultura, salud y transporte.

Enfatizó sobre la necesidad de dar cumplimiento a la ‘Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales’, aprobada a finales de 2018, por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

Pidió que se garantice la igualdad de derechos, entre ellos, a la vida, a la tierra y territorio, a medios de producción agrícola, a la información, a la preservación del medio ambiente, a la libertad de asociación, de opinión y expresión, y al acceso a la justicia.

Finalmente, resaltó la importancia de que la política pública incluya un aparte especial para la protección de los derechos de las mujeres rurales.


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