La elección de Honorio Henríquez en el Senado y del cordobés Nicolás Barguil en la Cámara, reveló un Legislativo sin mayorías automáticas.
Por: Jairo Aníbal Doria
El nuevo Congreso comenzó a caminar y, desde su primera jornada, dejó una advertencia sobre la mesa: el gobierno de Abelardo de la Espriella no tendrá un cheque en blanco. Cada reforma, cada nombramiento y cada decisión de fondo deberá atravesar el terreno movedizo de la negociación política.
La elección de Honorio Henríquez, del Centro Democrático, como presidente del Senado para la legislatura 2026–2027, evidenció que las bancadas no actuarán como un bloque dócil frente al Ejecutivo entrante.
Henríquez obtuvo 56 votos y derrotó a Alfredo Deluque, del Partido de la U, quien alcanzó 45.
La votación secreta fue el resultado de acuerdos cruzados entre sectores del uribismo, congresistas del Pacto Histórico y representantes de otras colectividades.
La alianza, improbable en apariencia, confirmó que el nuevo Capitolio tendrá fronteras partidistas menos rígidas y mayor disposición a construir mayorías circunstanciales.
La primera señal política fue contundente: el presidente electo deberá gobernar mediante acuerdos y no solo desde la legitimidad de las urnas.
Aunque la Presidencia del Senado quedó en manos de un dirigente del Centro Democrático, la elección no correspondió plenamente al diseño político impulsado desde el entorno del próximo mandatario.
En la Cámara de Representantes, el cordobés Nicolás Antonio Barguil Cubillos, del Partido Conservador, asumió la Presidencia de la corporación.
Su elección puso a Córdoba en el centro del mapa legislativo y convirtió al congresista monteriano en una figura decisiva para ordenar la agenda, garantizar el equilibrio entre bancadas y conducir los debates del nuevo periodo constitucional.
Para la región Caribe, su llegada representa una oportunidad, pero también una prueba.
La Presidencia de la Cámara solo adquirirá verdadero peso territorial si logra traducirse en debates y decisiones sobre agua potable, infraestructura, energía, seguridad, vías rurales y desarrollo productivo.
Mientras el Congreso reacomodaba sus piezas, Gustavo Petro cerraba su ciclo presidencial con un discurso cercano a las dos horas.
El mandatario defendió sus resultados en pobreza, educación, vivienda, empleo, incautaciones de cocaína y transición energética, y dejó claro que no se retirará de la vida política una vez entregue el poder.
Su intervención también anticipó una oposición activa frente a cualquier intento de desmontar sus reformas. Petro presentó su legado como una transformación social inconclusa y buscó fijar desde ahora el relato con el que enfrentará al próximo gobierno.
Las réplicas de los congresistas opositores llevaron el debate hacia otro terreno: seguridad, control territorial, expansión de los grupos armados y resultados de la denominada paz total.
La democracia exige algo más difícil que elegir el relato más conveniente: demanda reconocer los logros sin convertirlos en propaganda, señalar los fracasos sin borrar lo construido y comprender que gobernar no es solo mover indicadores, sino transformar esos avances en confianza pública, instituciones firmes y una vida más digna y segura para la ciudadanía.
