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Vandalismo de Estado y diatriba de medios

Estamos viviendo tiempos terribles en Colombia, por cuenta de diferentes situaciones, la pandemia que para los habitantes del país pareciera haber desaparecido por completo, pero definitivamente esta semana que acaba nos deja muchísimas reflexiones a cuenta del paro que no acaba, las marchas y el virus que siguen su curso.

En lo que va corrido de estas jornadas se han presentado en las más importantes ciudades el país como Bogotá, Cali Medellín y Barranquilla, actos absolutamente demenciales y reprochables: la destrucción de los sistemas de transporte masivo, la quema indiscriminada de estaciones de Policía y uno de los temas más álgidos y delicados que tiene en vilo al país: el bloqueo de vías y el no permitir el páso de alimentos y de misiones médicas, que ya ha cobrado víctimas, entre ellas un recién nacido y la quema del Palacio de Justicia de Tuluá.

Todo lo anterior que, cuantificado económicamente, afirman los expertos las pérdidas van ya en 6.2 billones de pesos y esto sumado a la pandemia resulta preocupante, pero no extraño para nosotros los colombianos que, además, estamos ya hace más de 50 años nadando en estos dos océanos: por un lado el vandalismo sistemático del Estado, que no es nuevo, y de otro lado una horda de sátrapas, que se camuflan entre quienes se hartaron de los primeros y han decidido marchar y protestar por algo tan básico y fundamental como es el reconocimiento de los derechos que los conlleve a vivir y no a sobrevivir.

Es clarísimo que hay una gran masa dedicada a marchar en paz sin generar bloqueos sin destruir, pero también es cierto que no tienen formas de controlar a la horda enardecida que busca, con premura, la destrucción y el caos.

El vandalismo está definido como actitud o inclinación a cometer acciones destructivas contra la propiedad pública sin consideración alguna hacia los demás.

Por ejemplo, alrededor de $159.000 millones de pesos están total y completamente perdidos por cuenta de la caída del puente de Chirajara, las pérdidas por el escándalo asciende a $2,9 billones.

En todas y cada unas de las ciudades del país se pierden los recursos de la alimentación escolar. Según los registros preliminares de la Contraloría General listado de elefantes blancos son, en su orden: Tolima, con 96; Antioquia, con 92; Boyacá, con 84; Bolívar, con 83; Meta, con 82; Valle, con 81; Nariño, con 72; Cundinamarca, con 71 y Arauca, con 66.

El túnel unidireccional de La línea, el Puente Pumarejo y la Represa del Ranchería, dineros de los cuales no se ha recuperado un  solo céntimo, estas son solo algunos de los daños causados al país por cuenta de los vándalos que no están en las calles con pasamontañas y bombas monotov, han preferido la comodidad de un escritorio y un ejército de contratistas que causan los daños.

Es así cómo el estado lleva vandalizando el país a lo largo de toda la historia desde tiempos inmemoriales y  se han inventado una narrativa en la que hablan del presupuesto público como si fuese plata de bolsillo de ellos, induciendo a que los ciudadanos sean selectivos en a quien se tilda de vándalos, para ello ahora cuentan con medios masivos de comunicación que promueve un discurso escrito, oral y descrito en una revista, que ya perdió toda proporción de informar, en cambio acusa las hogueras de una sociedad cada vez más dividida que encontró esta última ‘semana’ al culpable de todas las desgracias del país, incluyendo las que nos falta por vivir.

Lo hacen también, a través de redes para estigmatizar injuriar, acusar y dar inicio a procesos judiciales y generando el peor de los bloqueos: el mental.

Respaldados unánimemente por la «gente de bien» desplegada por las calles de las zonas en conflicto, fusil en mano, tratando de refundar la patria.

Colombia se ha caracterizado por dar muestras de la diferenciación hasta de las muertes y un ejemplo claro es que las grandes cadenas nacionales ( aportantes económicos a campañas presidenciales) muestran con una fiereza y crueldad la cantidad de muertos que deja la delincuencia, la guerra de guerrillas, las mafias, pero suaviza con inquietante complicidad, las cifras de muertes que deja el sistema de salud, por cuenta de la no atención y el incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Estado, son muertes al fin y al cabo venga de donde provengan.

No existe un solo colombiano que quiera ver el país las llamas o a la Fuerza Pública enfrentarse con la población civil por cuenta del reclamo justo de los derechos mínimos, menos sufrir en carne propia aquella foto que nos mostraban en campaña para avivar el espanto que causa el desabastecimiento de alimentos e insumos que paradójicamente se está presentando, pero no por cuenta de la administración de un gobierno que no es de izquierda.

Sin duda la institucionalidad está perdida y ese hecho es producto que el funcionamiento del país actualmente está en manos de los ya conocidos ‘operadores’, quienes asumieron funciones de estado, los ciudadanos han perdido el respeto a la fuerza pública a la que también le niegan derechos y que  pareciera no ser pública si no al servicio de una minoría con excesivo poder.

La función pública actual está reducida a recaudar impuestos para pagar el altísimo costo de funcionamiento, justo de lo que se  hartó la población y que originó lo que hoy vivimos.

La reforma estructural que se plantea, sin duda, deberá incluir el sistema político, si ello no ocurre vamos a estar cada cuatro años asistiendo a un escenario dantesco ante la mirada pasiva de la comunidad internacional a la que se le postergan visitas para mostrar irrealidades o parapetos como las mociones de censura que terminan convertidas en la muestra más grande de cómo se puede desperdiciar el tiempo.

No existen registros históricos que un proceso de esos haya acabado en destitución de un ministro, normalmente los partidos se alinean apoyando, sin importar, lo que suceda afuera del circo donde se realiza la función de bufón de turno.

El vandalismo tiene un solo significado, venga de donde venga, y los colombianos no podemos aceptar tal situación estamos llamados a restaurar la historia de la única forma posible y es a través de la recomposición de lo que siempre ha estado en mal y que paradójicamente es lo único que no quieren negociar la  «política pública».


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