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 Desigualdad en el reparto de las tierras en Colombia

Desigualdad en el reparto de las tierras en Colombia

Haciendo un análisis dentro del punto de vista entramos a profundizar acerca del tema de la desigualdad en el reparto de predios rurales en Colombia y su incidencia con el derecho agrario, no sin antes  precisar que en Colombia, como todos sabemos, ha habido múltiples problemas con distintos grupos subversivos como el ELN y las FARC, además que se han enfrentado situaciones dolosas, conflictivas y que por ende han terminado en disturbios a causa de la lucha por latifundios y minifundios y posteriormente  ha conllevado a reformas, derogaciones  y subrogaciones de normas civiles que respaldan la propiedad de predios y la restitución de tierras después de despojos abruptos por parte de grupos armados ilegales, que de manera impetuosa e inclemente amedranta a los campesinos que siembran sus parcelas.

Por otra parte, es propicio mencionar  que la desigualdad en el reparto de la tierra en Colombia es un tema que ha estado vigente desde generaciones remotas debido al conflicto armado interno en el país y sus repercusiones indirectas con pobladores de zonas rurales y esto lleva a deducir que la consiguiente pobreza rural y desconocimiento de las normas constitucionales y legales, aunado con el conjunto de población vulnerable existente en nuestro país, es otra de las causas principales del conflicto armado que ha vivido nuestra tierra colombiana durante más de cincuenta años.

Ahora bien, la abundancia de la tierra en pocas manos, el dominio de la agroindustria y los ganaderos, así como el privilegio de una agricultura que esta más inclinada a la exportación de productos agrícolas propios de la región que al consumo interno, hacen necesaria una reforma agraria que vaya más allá de la mera redistribución de tierras, pues el campesinado necesita una democratización del campo mediante el acceso factible a los insumos, al crédito y a la asistencia técnica, además de infraestructuras, capacitaciones agropecuarias, vivienda y sanidad digna. Es por eso por lo que las nuevas legislaciones agropecuarias y rurales, nacidas en el seno del proceso de paz promovido a mediados del año 2012 por el expresidente Juan Manuel Santos, con el fin de gestionar la etapa posterior al conflicto armado, se podrían decir que son incompletas, en razón a que tienen muchas limitaciones y no por ende no alteran connaturalmente el origen de todos los problemas: ¿Cómo está organizada la estructura de la propiedad en Colombia?

Aunque es sabido que ya casi se han alcanzado dos décadas del siglo XXI de los conflictos armados internos, el problema de la lucha por la tierra y sus restituciones continúa vigente, como así lo demuestra el hecho de que la distribución de la tierra fuera el primer asunto tratado en las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el mes de agosto del año 2016. También fue el primer punto en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera pero en realidad esta noción de paz estable no es un concepto que se haya deprecado en su totalidad pues aún se prolongan las fauces de una guerra que parece no terminar y en donde los más perjudicados suelen ser los gremios agropecuarios y el campesinado en general que habita en zonas rurales y montañosas en donde lo único de provecho lucrativo que tienen es el de la labranza de la tierra.

Así las cosas, es muy triste saber que Colombia, a pesar de seguir avanzado en el siglo XXI en diversos temas constitucionales y de derechos humanos, siga sin resolver de manera definitiva o contundente los problemas estructurales de sus agrupaciones agrícolas. Este problema obstaculiza en sí el acceso de los agricultores a los recursos productivos, con el consiguiente retraso del sector agrícola y ganadero en cuanto a su veraz desarrollo. Durante varias décadas se han intentado culminar diversas reformas agrarias que siempre han resultado exiguas, han estado mal dirigidas e incluso han sido inoperantes para el desarrollo del mercado de la tierra y la mejora de las condiciones de vida de los campesinos y los habitantes rurales, notándose con esto la desigualdad que existe también el mercado de la tierra. Esta situación, muy común en el conjunto de la región latinoamericana, se revela especialmente problemática y violenta en Colombia, nación que pasa por ser una de las democracias más sólidas de América Latina, con sólo una corta dictadura en la década de los años 50 del siglo pasado. No obstante, los colombianos han vivido un conflicto armado, el más antiguo de todo el continente, que ha dejado un reguero interminable de personas asesinadas y desaparecidas y una inequidad socioeconómica crónica.

Es pertinente añadir que esta desigual distribución de la propiedad de la tierra constituye un fenómeno tradicional ya enquistado en la vida rural de Colombia y que no cesa de agravarse con la aplicación de políticas neoliberales. Al amparo de la debilidad del Estado, casi siempre rehén de las potencias centrales, los organismos financieros internacionales y la oligarquía terrateniente local, las grandes propiedades continúan ampliando su extensión por medio de la absorción de los predios menores.

Por ende, y ya para terminar con este análisis, en nuestra opinión: es necesario tener claro que la paz también conlleva a la restauración de derechos arrebatados, incluyendo los derechos agrarios y su debida aplicación de la igualdad en torno a la restitución de tierra hurtadas. No cabe duda de que, la senda hacia la paz y la democracia propia de un estado social de derecho pasa inexcusablemente por recuperar la vida agraria del campesino que dedico toda su vida a las cosechas del campo y garantizar el desarrollo rural integral de los mismos mediante capacitaciones y brindando apoyo en herramientas artesanales y agrícolas que optimicen el trabajo campestre, pues el campo ha estado en el centro del conflicto armado desde el principio.

Han sido millones las personas que se vieron obligadas a abandonar sus tierras para escapar de la violencia. En ciertas zonas estratégicas, el desplazamiento forzado ha afectado a comunidades rurales enteras. De este modo perdieron tanto sus medios de sustento, como su cultura y las raíces que los vinculaban a una sabiduría tradicional y a unas prácticas agropecuarias que siempre han representado sus señas de identidad, la garantía de un medio rural vivo y la soberanía alimentaria de los pueblos. Debemos, por tanto, ser conscientes de que para el campesino una tierra no es solo un lugar para sembrar y cosechar frutos del campo, sino que también representa parte de sus arraigos generaciones, parte de su cultura y de sus raíces y por consiguiente es su medio preciado de vida. Es injusto que, luego de haberse generado violencia armada o por diversas circunstancias hayan perdido sus tierras, les sean repartidas pequeñas porciones de tierra o minifundios que no representan en nada el valor, rigor y dedicación que depositaron en su trabajo campesino en lo largo de sus vidas.

Jesús Fernández, abogado.

Jesús Fernández