Este mayo podría ser uno de los meses más importantes en la historia política reciente de Ecuador, en tanto se cocina la posibilidad de un cambio temprano en el Gobierno. Después de que se presentó una solicitud de moción de juicio político en la Asamblea contra el presidente Guillermo Lasso y de que la Corte Constitucional admitiera el recurso, Lasso amenazó con llamar a una “muerte cruzada”, conocida como la “destrucción mutua asegurada”. Sin embargo, el poder presidencial nunca ha usado esta figura con la que el primer mandatario puede disolver el Legislativo, adelantar las elecciones generales y gobernar solo durante seis meses.
Con este panorama, el clima político en Ecuador es desafiante, ya que tanto el presidente como la Asamblea Nacional tienen bajos índices de aprobación (17 y 20 por ciento, respectivamente).
A juzgar por el calendario puesto en marcha por el tribunal constitucional, el voto de destitución está programado para después de mediados de mes (luego de que se elijan las autoridades para el Consejo de Administración Legislativa, CAL, el 14 de mayo). En primer lugar, se espera el informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea tras la recolección de pruebas y de testimonios, así como la votación de la cámara en pleno para el CAL.
El proceso de juicio político comenzó el 4 de marzo, cuando la Asamblea Nacional aprobó una recomendación para destituir al presidente Lasso después de que periodistas del medio digital La Posta revelaran presunta corrupción en empresas públicas administradas por algunos de los funcionarios de confianza del mandatario.
Desde que se empezó a airear la viabilidad del juicio político, Lasso ha negado las acusaciones, pero, el 29 de marzo, la Corte Constitucional de Ecuador aceptó una solicitud para iniciar el procedimiento (solo bajo el delito de peculado y descartando el de concusión).
El juicio político debe presentarse para su votación en una sesión plenaria antes del 23 de mayo y necesita 92 votos, una supermayoría, para ser aprobado. Si Guillermo Lasso es destituido, el vicepresidente, Alfredo Borrero, médico y político, asumirá el cargo de jefe de Estado hasta el final del mandato del actual gobierno, que se extiende hasta 2025. Si la votación fracasa, no se puede proponer un nuevo juicio político por la misma razón y Guillermo Lasso se quedaría en el cargo.
Muerte cruzada
Otro escenario involucra el poder constitucional del presidente ecuatoriano para disolver la Asamblea Nacional, conocido como muerte cruzada.
Consagrada en la Constitución de 2008, en un proceso iniciado durante el mandato del presidente Rafael Correa, la muerte cruzada aún no ha sido invocada por ningún presidente. Pero dado el clima político actual, el uso de este mecanismo legal se ha convertido en una realidad potencial.
La muerte cruzada ha sido un tema de debate desde su creación, y algunos argumentan que puede ayudar a resolver crisis de gobernabilidad desde una perspectiva institucional, y que la mera amenaza o posibilidad de disolución de la Asamblea Nacional podría acelerar las decisiones o permitir la expresión de la disidencia antes de que se extienda a las calles.
Este mecanismo fue incluido en la Constitución con conciencia, con el fin de buscar una solución para que la historia de disturbios de Ecuador que han causado finales prematuros a los períodos presidenciales no se repitiera. De 1996 a 2005, tres presidentes fueron derrocados: Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.
Pero otros ven la muerte cruzada como una medida hiperpresidencial que socava la separación de poderes y podría exacerbar las protestas y el conflicto social, si, una vez aplicado, el Ejecutivo carece de capacidad para gobernar y abordar los problemas que llevaron a la crisis política en primer lugar.
La muerte cruzada puede invocarse en tres situaciones: cuando la Asamblea extralimita su competencia constitucional, cuando obstruye repetidamente la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo —documento que el Poder Ejecutivo debe presentar al Poder Legislativo para su aprobación y que incluye las prioridades nacionales y el presupuesto—, o cuando hay una grave crisis política y agitación interna.
Si el presidente disuelve la Asamblea por una de las dos últimas razones, no se requiere de una decisión previa del Tribunal Constitucional. Dentro de los siete días siguientes a la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral debe convocar elecciones legislativas y presidenciales para llenar las vacantes para el resto del período actual. Mientras tanto, sujeto a los fallos del Tribunal Constitucional, el presidente puede emitir “decretos de carácter de ley” hasta que se instalen nuevos parlamentarios. Los mandatos de estos funcionarios solo llenarán el tiempo que les queda a los actuales, en este caso hasta 2025.
Con una baja aprobación tanto para el presidente como para la Asamblea, la gobernabilidad en Ecuador es compleja. Obtener apoyo público e implementar políticas de manera efectiva ha sido difícil. Las recientes y opacas negociaciones entre las diferentes partes y el Ejecutivo reflejan el desafío más amplio de establecer el tipo de acuerdos programáticos claros y transparentes que son esenciales para una gobernanza efectiva.
Queda por ver cómo se desarrollará la situación en Ecuador y muchas preguntas siguen sin respuesta. Por ejemplo, en el tercer escenario donde el presidente permanece en el poder, ¿interpretará eso como una victoria? ¿Qué medidas inmediatas se adoptarán para abordar problemas como la inseguridad, la delincuencia y el desempleo que han alimentado la crisis política? ¿Son conscientes la oposición y los partidos políticos de su incapacidad para llevar a cabo negociaciones programáticas y transparentes y acuerdos sobre soluciones a los problemas más urgentes que enfrenta el país? El escenario para el próximo conjunto de elecciones sigue siendo turbio, ya sea que ocurran temprano o, según lo programado, en 2025.
Así nació la idea de un juicio político
El 6 de enero del 2023, Ecuador supo de un caso de corrupción que presuntamente implicaría al Gobierno y al propio presidente Guillermo Lasso. De acuerdo con el medio digital La Posta, el cuñado de Lasso, Danilo Carrera, y su amigo personal Rubén Cherres habrían influido en el nombramiento de altos funcionarios cobrando sobornos. Mientras que otras investigaciones de inteligencia antinarcóticos acusaban a Cherres de estar involucrado en negocios de narcocorrupción. Y en medio de la investigación de este escándalo, surgieron versiones de que a la campaña de Lasso podrían haber llegado dineros del narcotráfico.
Desde el Gobierno confirmaron la existencia de una investigación al respecto, pero subrayaron que esta fue archivada el año pasado por la Fiscalía. “Abuso es publicar un informe reservado, omitiendo decir que su contenido fue desestimado y archivado por orden judicial y falta de méritos hace casi un año”, dijo el mandatario en su momento. El ente acusador, en medio de la polémica, anunció que estaba haciendo un control jurídico del caso y que, “si se encuentran elementos suficientes, la investigación se reabrirá”.
Toda esta situación hizo eco entre los asambleístas de la oposición, quienes encontraron razones suficientes para pedir un juicio político contra el presidente. El 16 de marzo presentaron 59 firmas para la solicitud de impeachment. Al día siguiente, el Consejo de Administración Legislativa estudió si la petición cumplía con los requerimientos y la remitió a la Corte Constitucional. A finales de marzo, el alto tribunal dio vía libre al trámite, pero solo por el presunto delito de peculado en un tema de contrataciones petroleras. La oposición dice que ha recogido pruebas con las que alegarán que Lasso malversó recursos públicos en la celebración de contratos en la empresa petrolera estatal Flopec.
(El Tiempo)
