En un mundo donde la crítica desenfrenada y la denuncia anónima abundan, los funcionarios públicos se encuentran en una encrucijada implacable. La analogía con la historia de Jesús, aclamado y luego crucificado por el mismo pueblo, destaca la paradoja de los “ordenadores del gasto”. Aunque no se busca eximir de responsabilidad a los profesionales en cargos públicos ni ocultar los problemas sistémicos y la corrupción, es crucial reconocer que el mero acto de ser funcionario inaugura una cadena de eventos en un sistema propenso a motivar acusaciones sin fundamento.
En una sociedad donde la opinión y la prensa supuestamente libres a menudo se convierten en jueces implacables, el ejercicio de la función pública se convierte en una tarea desafiante. La denuncia indiscriminada y anónima, amparada por una noción errónea de “libertad de opinión”, lleva a señalamientos sin pruebas y condenas sin considerar contextos probatorios o circunstanciales. Esta dinámica hace que el desempeño de dichas funciones resulte desmotivante y potencialmente dañino para la moral del funcionario.
Ejemplificando esta situación, vemos a diario en redes sociales cómo se cuestiona a ex secretarios de tránsito de Montería, por haber cumplido con su deber. La tarea de un secretario de tránsito implica tomar decisiones difíciles que a menudo involucran atender a diversos sectores de la población. Si bien es innegable que existen problemas sociales y deficiencias en el transporte público, responsabilizar injustamente a un funcionario por cumplir su rol dentro de los límites legales y técnicos es un error.
Además, se critica a la esposa de dicho funcionario por aspirar a la alcaldía, insinuando que su relación afecta su idoneidad para el cargo. Sin embargo, la elección de un cónyuge no debería ser motivo de acusaciones. Tampoco debería considerarse un delito haber ocupado un cargo público. Más bien, deberíamos condenar la falta de transparencia y la manipulación de la opinión pública por parte de aquellos que engañan a comunidades y sectores, evitando brindarles las herramientas necesarias para comprender su realidad y crear soluciones viables para el crecimiento social.
En resumen, es esencial reconocer la complejidad de los desafíos que enfrentan los funcionarios públicos. Aunque la crítica constructiva es valiosa, la denuncia sin base y la condena sin evidencia son dañinas y desmotivantes. La opinión pública debe entender que ser funcionario no equivale a ser culpable, y que la búsqueda de soluciones reales requiere un análisis más profundo y una evaluación justa de las circunstancias.