Por: Jairo Aníbal Doria.
Las declaraciones del presidente Gustavo Petro, no solo encendieron el debate político en las últimas horas; pusieron bajo escrutinio la confianza en el sistema electoral colombiano, a pocos días de las elecciones legislativas.
Lo que comenzó como una advertencia sobre el preconteo, el código fuente y la necesidad de más testigos electorales terminó convertido en una discusión de fondo: ¿existen fallas estructurales o se está sembrando una sospecha sin pruebas?
El mandatario cuestiona la naturaleza jurídica del preconteo y plantea dudas sobre la auditoría técnica del software.
Sin embargo, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha reiterado que el preconteo es un mecanismo informativo reglamentado y que el único resultado con efecto jurídico es el escrutinio, que realizan jueces y notarios bajo estricta cadena de custodia.
El registrador nacional, Hernán Penagos, insiste en que el modelo combina controles ciudadanos, judiciales y documentales que hacen inviable un fraude sistémico.
La Misión de Observación Electoral MOE, coincide en que el diseño institucional contempla diferencias entre cifras preliminares y definitivas, sin que ello implique irregularidad. Además, recuerda que los riesgos históricos del país no han estado en el software, sino en prácticas como la compra de votos o las presiones locales.
El debate, sin embargo, va más allá de lo técnico. Cuando desde la jefatura del Estado se cuestiona la transparencia del sistema sin presentar evidencia concreta, el impacto no es menor.
La democracia se soporta en reglas, pero también en confianza. Y esa confianza puede erosionarse con facilidad cuando se instala la idea de que el proceso podría estar viciado antes de que ocurra.
Existen riesgos claros. Uno es la desconfianza ciudadana, que puede traducirse en abstención o en rechazo anticipado a los resultados.
Otro, es la sobrecarga institucional, si se promueven reclamaciones masivas sin sustento, lo que podría prolongar el escrutinio y abrir espacio a tensiones políticas.
Y el más delicado: un escenario post-electoral marcado por dudas amplificadas.
Hay, además, un elemento que atraviesa la discusión.
El mismo sistema que hoy se cuestiona fue el que permitió la elección del presidente como representante a la Cámara, senador, alcalde de Bogotá y, finalmente, jefe de Estado. También es el que ha consolidado la representación parlamentaria de su movimiento político.
Esa realidad obliga a ponderar con rigor cualquier señalamiento.
El país no enfrenta solo una jornada electoral; enfrenta una prueba de madurez democrática.
Exigir transparencia fortalece el proceso. Presumir irregularidades sin sustento puede debilitarlo.
En medio de la polarización, la responsabilidad política e institucional se vuelve decisiva: las palabras moldean percepciones y la confianza pública es un capital que tarda años en construirse, pero puede erosionarse en minutos.
