Así operan los colectivos urbanos que están detrás del vandalismo en Bogotá

Redacción. Un robusto proceso investigativo consolidó la Fiscalía General de la Nación, en trabajo articulado con la Dijin de la Policía Nacional, para poner en evidencia y conocer los detalles del funcionamiento de uno los denominados ‘colectivos’ o ‘uniones solidarias’ con los que los grupos residuales han promovido actos vandálicos y de terrorismo en Bogotá, entre octubre de 2019 y septiembre del año en curso.

En 10 meses, se realizaron 11 diligencias de registro y allanamiento, interceptaciones telefónicas que arrojaron más de 1.600 horas de escucha y 112.000 actividades como audios, datos y mensajes; vigilancias y seguimiento de personas, cotejos morfológicos y decadactilares, búsquedas selectivas en bases de datos, y solicitudes de información en entidades públicas o privadas, entre otras labores de policía judicial.

Con los elementos obtenidos fueron identificados los cinco presuntos integrantes de estas redes ilegales al servicio de las estructuras residuales, cuatro de ellos capturados en procedimientos cumplidos el pasado 18 de septiembre, y una más, conocida con el alias de Rosita, buscada mediante notificación azul de Interpol y, quien según información de las autoridades, estaría en Alemania.

La génesis

En febrero de 2019, en la acción militar en la que murió Édgar Mesías Salgado Aragón, alias Rodrigo Cadete, cabecilla de las organizaciones disidentes en el suroriente del país, fueron incautados dispositivos electrónicos y documentos en los que estaban los lineamientos de creación de ‘colectivos’ o ‘uniones solidarias’. Una iniciativa criminal de ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’.

La información obtenida precisaba que eran grupos de máximo cinco personas, que se encargarían de realizar adoctrinamiento y reclutar universitarios o jóvenes en sectores urbanos. El objetivo, instrumentarlos en la ejecución de actos vandálicos, ataques a la fuerza pública, movilizaciones y bloqueos en las ciudades.

Como articulador de esas redes en el interior del país figuraba Wilson Reinel Moreno, alias Martín, cabecilla del frente segundo Manuel Marulanda Vélez.

Entre septiembre y octubre de 2019, las investigaciones pusieron al descubierto a cinco personas, cada una con roles precisos, señaladas de cumplir la misión ilegal encomendada por los cabecillas disidentes.

Inicialmente, en los controles a las comunicaciones quedó definida su presunta participación en los bloqueos realizados en el sur occidente de Bogotá, los daños al portal de Transmilenio de Las Américas, saqueos y fuertes enfrentamientos con la fuerza pública en los sectores de Patio Bonito y Tintal, así como el uso de artefactos no
convencionales para atacar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Todos estos hechos ocurrieron el 21 de noviembre de 2019.

‘Colectivo’ en Bogotá

Luego de los desórdenes presentados a finales de 2019, la Fiscalía conoció que el ‘colectivo’ o ‘unión solidaria’ de Bogotá se constituyó oficialmente el 22 de enero de 2020. Como lo establecían los estatutos de los grupos residuales, fue integrado por cinco personas:

Justo Ernesto Villarraga Trujillo, alias Justo. Este hombre de 73 años tendría comunicación directa con alias Martín, y sería el principal articulador de las actividades de reclutamiento y selección de jóvenes, así como de la programación de las actividades ilegales.

Érika Lorena Flórez Durán, alias Érika o Katara. Señalada de ubicar estudiantes en las universidades públicas y privadas de la ciudad, y estimular su participación en actos vandálicos. Sostenía comunicación directa con alias Martín.

Ruth García Estrada, alias Rosita. Los elementos de prueba la ubican en la primera línea del ‘colectivo’, como la personas que, al parecer, daba la aprobación final a todos los movimientos de la red criminal. Esta mujer es buscada mediante notificación azul de Interpol.

Greyssi Alexandra Perilla, alias La Pola. Se le atribuye impulsar la creación del ‘colectivo’ y definir un supuesto protocolo de intervención en las movilizaciones, desórdenes o choques que se generen.

Miguel Andrés Parga, alias El Profe. Las evidencias dan cuenta de que sería una ficha activa en todo el andamiaje ilegal. Se le vincula a la planeación de los desórdenes, la convocatoria y la coordinación de las personas que participaban. Incluso, hay registro de su presencia en los sitios y de cómo rendía cuentas de los demás integrantes del ‘colectivo’.

También se le señala de brindar asistencia jurídica a los jóvenes capturados y de interceder ante las autoridades para evitar su detención.

Contra alias El Profe hay audios que lo relacionan con violentas protestas en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, en abril y mayo de 2020, en las que supuestos habitantes inconformes exigían reclamos para enfrentar el aislamiento preventivo.

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