Defensoría reitera recomendaciones ante fallas del servicio de energía en la Región Caribe
Región. La Defensoría del Pueblo presentó un diagnóstico de la situación de prestación del servicio de energía en la Región Caribe, en el que se evidenció que de los 3.383.000 hogares que se localizan en los siete departamentos de la región, 181.384 carecen de suministro de energía eléctrica. El 98% de éstos se encuentran ubicados en la zona rural, siendo aproximadamente 116 mil hogares de la zona rural del departamento de La Guajira.
“Se hace necesario reconocer el acceso a la energía como una necesidad básica indispensable para vivir dignamente y para la realización de otros derechos humanos consagrados en la Constitución”, dijo el Defensor Regional Atlántico, Miguel Linero, durante su intervención en la Comisión accidental de seguimiento a la situación actual de las empresas Air-E y Afinia.
Linero manifestó que la Regional tiene un registro de más de 300 peticiones relacionadas con fallas en la prestación del servicio de energía ejecutado por el operador AIR-E E.S.P. Estas quejas son por alta facturación, problemática con deudas, recursos de reposición, cobros indebidos, instalación de medidor inteligente, accidentes y daños a terceros, suspensión de servicios, tutelas, predios desocupados en los que estarían cobrando el servicio, sanciones y problemas con arrendatarios que no pagan, entre otros.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los prestadores del servicio de energía eléctrica, para que en el ejercicio de su actividad empresarial respeten los derechos humanos.
Además, se recomendó al Presidente de la República, al Departamento Nacional de Planeación, a los Presidentes del Senado y Cámara del Congreso de la República la formulación de una política pública que implica cambios estructurales y acciones a largo plazo, orientadas a dar solución a las necesidades de los colombianos residentes en la región Caribe.
La Defensoría reitera esta y otras solicitudes hechas en el documento de advertencia emitido por la entidad en donde se establece el panorama ante la vulneración de derechos por la falta de prestación del servicio de energía en la región.
