La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento de detención preventiva intramural contra el exsenador Arturo Char Chaljub, investigado por presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante agravados.
En ese sentido, la Corte dictó una orden de captura internacional en su contra con el propósito de hacer efectiva la medida contra Char Chaljub, y se pidió una circular roja ante la Secretaría General de la Interpol, debido a que el exsenador se fue a vivir a Estados Unidos, de donde tiene la respectiva nacionalidad.
Las investigaciones contra Char se relacionan con el supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual posiblemente se materializó en octubre de 2017, y en el que habrían intervenido personas como Aida Merlano Rebolledo, quien está condenada en primera y en segunda instancia por la Corte Suprema por estos hechos de corrupción electoral, que se fraguaron desde la sede política Casa Blanca.
.@CorteSupremaJ dicta orden de captura internacional contra el exsenador Arturo Char (@ArturoCharC) por los presuntos delitos de corrupción electoral y compra de votos. #SalaDeInstrucción impone medida de aseguramiento para garantizar integridad del proceso investigativo. pic.twitter.com/nYUWMCfXl6
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) September 6, 2023
Según la Corte Suprema, esto fue más que un simple convenio político ya que, para conseguir la elección de Aida Merlano en el Senado y de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara, y la propia reelección de Arturo Char Chaljub, “se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática, a través de la compra de votos para estos tres candidatos”.
La Sala de Instrucción dijo que las pruebas recaudadas hasta el momento en la investigación proveen el estándar mínimo para sustentar la razonabilidad de la medida de aseguramiento contra Arturo Char.
Según la Corte Suprema, esta medida es “idónea, necesaria y urgente” y debe materializarse en prisión y no en casa por cárcel.
De acuerdo con el alto tribunal, en un comunicado, “la determinación también obedece al comportamiento del investigado que pone en duda su normal comparecencia al proceso, así como a riesgos advertidos en la práctica probatoria y en la actividad investigativa”.