Opinión. Por Elvis Guerra, Contador publico/especialista en G.publica.
Con la sorpresa de lo sucedido, a solo una semana de aquel 13 de marzo con respecto a las mencionadas foto multas, poco o casi nada se ha dicho de la responsabilidad de diecinueve coadministradores de los destinos de la villa soñada; y para lo cual la ley establece en su art. 78:1. “Los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo” 2-“Son responsables de los acuerdos de las corporaciones locales los miembros de las mismas que los hubiesen votado favorablemente”.
Así las cosas, y con el silencio campante, queda claro entonces que los concejales en uso de las facultades que le otorgamos todos los monterianos, tuvieron a bien aprobar una concesión horrorosa representada en la empresa MOVAI. Sobre lo cual estaría bien preguntar ¿cuáles han sido los beneficios en materia de desarrollo, inversiones, mejoramientos en la movilidad, reducción de accidentalidad, y lo más importante, el beneficio económico para el municipio, con el agravante inexplicable de haber asignado La Fuerza Pública al servicio de una empresa particular.
Si bien es cierto, la ley permite que “la policía de los colombianos” pueda a través de convenio o contratos regular el tránsito, en el sentido práctico, el ejercicio queda reducido a inmovilizar los vehículos para treparlos en una grúa, que también es un negocio de los más prominentes en esta ciudad; MOVAI, ejerce los cobros derivados de una infracción a la ley que en teoría debería ser el estado el encargado de tal función y que es el mismo quien ha manifestado de diferentes formas no poder llevar a cabo esta función.
Los concejales junto al alcalde son los encargados de construir la Junta Administrativa del Municipio, sobre los cuales recae toda la responsabilidad de lo que hagan o dejen de hacer (en este caso dejar de defender los intereses de la ciudad). Hoy por hoy, aquellos que aprobaron este adefesio de tamaño descomunal, brillan por un silencio sepulcral, algunos que repitieron curul observan impávidos cómo sometieron a La Villa Soñada a más cargas económicas luego de una terrible pandemia, y que solo esperaba salir de ella para estallar una guerra, mientras el dueño de MOVAI, espera un mensaje en plataforma bancaria cada mes.
Ni uno solo de los concejales ha asumido la responsabilidad que la ciudad le otorgó. Han citado a un debate de control político, concepto que más del 50% de los habitantes no entiende y que además le importa poco, por que los debates de control político se resumen a una reunión de quejas, donde la empresa esboza su defensa con leguleyadas, llegando al punto absurdo de interponer una demanda en contra del municipio. A este nivel es el despropósito al que nos sometieron algunos de los actuales concejales, quienes le han pedido a la empresa que extienda el periodo de pedagogía de la implementación de las multas por la puesta en marcha del otrosí, que no es más que la puesta en marcha de las cámaras, pero ni uno solo de ellos ha manifestado la posibilidad de demandar a la concesión de operación por inconveniente onerosa y leonina, que claramente va en contravía de lo que se dice defender.
19 representantes de las comunidades dieron vía libre a esto, el mismo número tiene una obligación constitucional y moral con todos los ciudadanos… y se preguntan los monterianos: ¿y los coadministradores?
